En un informe reciente, la Contraloría General de la República aseguró que el Gobierno Nacional sí cuenta con los recursos financieros necesarios para atender de inmediato la emergencia invernal que atraviesa el país.
Según el organismo, el Fondo Nacional para la Gestión de Riesgos reporta una disponibilidad de mil 690 millones de pesos, sumado a reservas presupuestales del año anterior cercanas a los mil millones de pesos.
Esta cifra millonaria podría utilizarse inmediatamente en zonas que no estén comprometidas, independientemente de la urgencia de declarar una emergencia económica.
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El ente de control fiscal anunció un seguimiento especial a estos recursos para garantizar que no se pierda ni un solo peso en el cuidado de las más de 94.000 familias afectadas en el país.
La lupa estará puesta sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la que ya ha sido requerida información detallada sobre su Plan de Acción Específico. Además, la Contraloría verificará estrictamente que cada centavo recaudado a través de las nuevas medidas tributarias se utilice única y exclusivamente para superar la crisis climática.
Sin embargo, el panorama de ejecución genera dudas, ya que se han identificado graves fallas en la coordinación entre los municipios y la UNGRD, lo que ha retrasado la llegada de ayuda humanitaria a sectores críticos.
Los antecedentes no ayudan: la Contraloría recordó que en 2023 ya había alertado sobre la baja ejecución de recursos de desastre y actualmente hay cinco procesos de responsabilidad fiscal por más de $62.000 millones.
Con un balance oficial que ya deja 17 personas muertas y más de 4.000 viviendas destruidas, aumenta la presión sobre las instituciones para que el dinero finalmente llegue a quienes lo perdieron todo en departamentos como La Guajira, Antioquia y Chocó.
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