La Contraloría General de la República hizo un llamado tras alertar sobre un desequilibrio entre los recursos que ingresarán a la Nación y los compromisos de gasto proyectados para 2026, situación que obligaría al Gobierno a realizar ajustes bajo estrictos criterios de austeridad y control fiscal.
Según el documento técnico, los ingresos aprobados para el próximo período fiscal rondan los $528 mil millones, mientras que los gastos superarían los $545 mil millones, dejando una brecha considerable que limita el margen de acción del Ejecutivo.
La situación se complica aún más si tenemos en cuenta que cerca del 91% del presupuesto corresponde a obligaciones que no pueden modificarse fácilmente.
La distribución del gasto para 2026 muestra estas restricciones: el funcionamiento del Estado se concentraría en torno al 66%, el servicio de la deuda en torno al 19% y la inversión pública apenas el 15%, lo que reduce la capacidad del Gobierno para impulsar nuevos proyectos o fortalecer programas sociales.
Otro punto que genera preocupación es la baja ejecución presupuestaria registrada en los últimos años. En 2024, el nivel de compromiso presupuestario no superó el 84%, mientras que los recursos destinados a inversión apenas alcanzaron el 58%.
Para 2025, con corte a mediados de diciembre, la ejecución global rozó el 80%, y la inversión no logró superar el 54%, a pocos días del cierre fiscal.
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Los organismos de control advirtieron que cualquier recorte debe hacerse con cuidado para no afectar la prestación de servicios públicos esenciales ni poner en riesgo la estabilidad económica del país.
Si bien el pago de la deuda es inevitable, se sugirió explorar estrategias de gestión financiera que podrían aliviar parcialmente esta carga.
Asimismo, se recomendó revisar gastos operativos como contratos de prestación de servicios, viáticos y otras partidas administrativas, sin tocar compromisos estructurales como pensiones, transferencias obligatorias y programas sociales prioritarios.
Para los expertos, corregir el desequilibrio fiscal no sólo depende de recortes, sino también de mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestaria y fortalecer la planificación financiera del Estado.
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