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Colombia en pie de lucha contra la violencia intrafamiliar: nueva ley busca reparación económica para víctimas

La iniciativa propone un proceso ágil y justo para la compensación, destacando la importancia de la reparación integral y el apoyo emociona

La violencia intrafamiliar es un problema grave en Colombia que afecta a miles de personas. Solo en el primer semestre de 2024, se registraron más de 31,239 casos, con un promedio de 174 víctimas diarias, de las cuales el 76% eran mujeres. Ante esta alarmante situación, las congresistas del Partido Alianza Verde, Cathy Juvinao y Carolina Giraldo, presentaron el 29 de octubre un proyecto de ley en el Congreso que busca ofrecer reparación económica a las víctimas.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar una compensación justa, especialmente en casos de divorcio o disolución de una unión marital. La propuesta se basa en una sentencia de 2022 que instó al Congreso a crear procedimientos que apoyen a las personas afectadas por la violencia intrafamiliar.

Juvinao expresó que este proyecto refuerza la agenda social del país, buscando justicia para quienes enfrentan “una verdadera guerra en los hogares”.

Giraldo, por su parte, destacó que el proyecto busca crear un entorno donde las víctimas puedan obtener justicia y reparación. “¡Es hora de reparar para sanar!”, afirmó.

El proyecto se centra en cuatro aspectos clave:

  1.  Reparación integral: Las víctimas podrán solicitar una compensación económica que facilite su bienestar y una separación más segura del agresor.
  2. Embargo de bienes: Si el abusador no puede cubrir la reparación económica, se propone el embargo de sus bienes para asegurar el cumplimiento de la sentencia.
  3.  Proceso ágil: El proyecto establece que los jueces deben tomar decisiones en un máximo de 30 días. Las víctimas tendrán un mes después de la sentencia para solicitar la reparación correspondiente.
  4.  Prevención de la revictimización: Se busca que las víctimas no sean confrontadas ni revictimizadas durante el proceso de denuncia y reparación, asegurando su apoyo psicológico y social.

La propuesta establece que los jueces deben decidir sobre las solicitudes de reparación en un plazo máximo de 30 días, y las víctimas tendrán un mes para solicitar dicha compensación. Además, se enfatiza en el apoyo psicológico y social necesario para ayudar a las víctimas a recuperarse de las secuelas de la violencia.

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