Medellín avanza en la construcción de una cárcel que promete ser un modelo único en Colombia. Este jueves 19 de febrero el alcalde Federico Gutiérrez realizó una visita técnica a la localidad de San Cristóbal, donde se construye uno de los proyectos de infraestructura penitenciaria más ambiciosos jamás emprendido por una ciudad del país.
El penal Metropolitano para imputados (es decir, para personas que aún no han recibido sentencia) registra un avance del 9% y ya muestra movimiento en excavaciones, vías de acceso, muros de contención y estructuras de pabellones.
Una obra que, cuando esté lista, tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de libertad distribuidas en seis pabellones, incluido uno especial para adultos mayores y personas con movilidad reducida.
El mandatario fue claro al señalar que el establecimiento no será un simple lugar de reclusión, sino un espacio diseñado para la reinserción social, con pabellones dedicados a la capacitación, áreas de visita familiar con capacidad para 250 personas cada una, servicios de salud, atención psicosocial y acceso a la educación técnica.
“Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto a los derechos humanos”, dijo Gutiérrez durante el recorrido.
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Y la necesidad de esta infraestructura no es un capricho administrativo: las cifras de hacinamiento en Medellín hablan por sí solas. A principios de 2025, comisarías como La Candelaria, pensada para 75 personas, albergaban a más de 300. Laureles, con capacidad para 30, superó las 100. Y Belén, pensada para 20 personas, registró más de 115.
La inversión total del proyecto supera los $675.000 millones de pesos bajo un esquema de asociación público-privada, con pagos proyectados entre 2027 y 2038. Y mientras las obras avanzan, ya están generando impacto en la zona: actualmente 297 trabajadores están vinculados al proyecto, con la meta de llegar a 500 empleos este año, priorizando la mano de obra local y femenina.
El alcalde también recordó que la construcción de este penal responde a una orden directa de la Corte Suprema de Justicia, que exige a dirigentes locales resolver el problema de los sindicalizados que hoy permanecen en condiciones precarias en instalaciones que no fueron diseñadas para eso. “Estamos cumpliendo la sentencia y las obras van muy bien”, dijo Gutiérrez.
Con este compromiso, Medellín no sólo busca descongestionar sus comisarías, sino también sentar un precedente nacional sobre cómo debe ser una política penitenciaria que combine seguridad, legalidad y dignidad humana en un mismo lugar.
Foto de cortesía.
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