El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, informó que en las últimas horas recibió información de inteligencia que advierte sobre un presunto plan criminal para atentar contra su vida durante el desarrollo de las jornadas de conexión regional que realiza en diferentes zonas del país.
Según el comunicado difundido por su equipo, los informes ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes y adopten las medidas necesarias frente a la amenaza.
Según la información conocida, los organismos de inteligencia tendrían indicios de una supuesta oferta de hasta 3.000 millones de pesos que habrían realizado estructuras del ELN y las disidencias de las FARC para ejecutar un atentado contra el presidente electo.
El comunicado también señala que informes de inteligencia advierten sobre la posibilidad de que personas intenten infiltrarse en conferencias de prensa y otras actividades públicas programadas durante la agenda conjunta.
Como se indicó, estos escenarios representarían un riesgo especial, particularmente aquellos que involucran a niños, adultos mayores y un número elevado de asistentes.
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Pese a la información recibida, el equipo del presidente electo aseguró que la agenda prevista no será suspendida. El comunicado señala que De La Espriella continuará con sus actividades porque considera que «Colombia no puede ceder ante las amenazas» de quienes buscan imponer el miedo a través de actos violentos.
Sin embargo, también se informó que se implementarán medidas extraordinarias de seguridad para reforzar la protección del presidente electo, los miembros de su equipo de gobierno y las personas que asistan a diferentes eventos públicos.
En el comunicado, el equipo de De La Espriella pidió a las autoridades avanzar rápidamente en las investigaciones para esclarecer el origen de la información de inteligencia, identificar a los posibles responsables y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil.
Finalmente, el comunicado concluye reiterando que «Colombia tiene derecho a vivir en democracia» y sostiene que ninguna organización criminal debe impedir que el Gobierno elegido por los ciudadanos ejerza sus funciones.