En un movimiento desesperado por frenar el crimen que azota a las principales capitales, los alcaldes Carlos Fernando Galán y Alejandro Char se reunieron en el búnker de la Fiscalía para pronunciarse en contra del sistema judicial.
La preocupación no es menor: en Bogotá el 94% de los capturados siguen libres, mientras que en Barranquilla la cifra llega al 80%, según datos de Asocapitales.
Esta impunidad ha generado un enfrentamiento entre las administraciones locales y los jueces, pues, aunque la Policía hace la tarea de capturar a los bandidos, muchos acaban en la calle a las pocas horas por decisiones que los dirigentes consideran incomprensibles.
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El alcalde Galán ha sido enfático en que existe un desfase entre el esfuerzo de la Policía y la respuesta de los jueces, advirtiendo que esta impunidad afecta directamente las estrategias de seguridad y socava la confianza de las personas en la justicia.
Desde mediados de febrero, Galán viene cocinando una propuesta para reformar el Código Penal, buscando que la detención flagrante sea motivo suficiente para emitir una orden de alejamiento, sin que los jueces tengan tanto margen de discrecionalidad para liberar a reincidentes bajo el argumento de interpretaciones jurídicas.
La reunión con la fiscal general Luz Adriana Camargo buscó afinar los procesos de detención para que las detenciones “se queden” y los delincuentes peligrosos no continúen en un círculo vicioso de cometer delitos cada vez más graves.
Galán busca el apoyo de expertos y otros dirigentes a través de Asocapitales para llevar al Congreso una ley que valore la violencia física como causa obligatoria de prisión preventiva.
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