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¿A propósito del periodismo alternativo o “pseudoperiodismo” especializado en destruir la reputación de los contradictores políticos bajo el amparo constitucional del derecho a informar?

Las redes sociales han contribuido indudablemente a la democratización de la información y a evitar que la censura o la filtración de información- prerrogativas de las que solían gozar los grandes medios de comunicación- continúen vigentes. No obstante, las redes sociales también se han convertido en el medio más expedito en el siglo XXI para diseminar mentiras, injurias y calumnias disfrazadas de periodismo de investigación o contracorriente.

Las notas características de este “pseudoperiodismo”o periodismo “contracorriente”, son entre otras, la elección cuidadosa de los objetivos de sus columnas, rara vez se encontrarán artículos de estos pseudoperiodistas, sobre temas de interés nacional que no generen controversia, solo buscan generar escándalo y dañar a su objetivo. De esta manera se ejecutan campañas cuyo único fin es destruir la reputación de contradictores políticos ante la opinión pública nacional.

La estrategia más utilizada para el desprestigio, se basa en la construcción de informes de investigación, en los cuáles se encontrarán cifras o datos que le dan una apariencia de credibilidad a la información maliciosamente redactada, o se citan supuestos “testimonios” de fuentes “cercanas a los hechos” pero “secretas” que impiden a la víctima de la estrategia de desprestigio poder controvertir dichos testimonios.

Así mismo, dado que se sirven de injurias y calumnias veladas, pocas veces a través de una acción de tutela se logra la protección del buen nombre y la privacidad o intimidad familiar de la víctima de la campaña de desprestigio, que no solo debe hacer frente al daño sufrido por su reputación, sino que además debe incurrir en una serie de gastos cuantiosos en honorarios de abogados y demandas judiciales.

La rapidez con la cual se difunden estas estrategias de desprestigio en las redes sociales, imposibilita la defensa efectiva del derecho al buen y la reputación por parte de la víctima, especialmente porque existen ejércitos mercenarios de tuiteros y trolls de redes sociales que se encargaran de difundir y retuitiar las campañas de desprestigio. Unos, difunden la información por afinidad ideológica con pleno conocimiento del objetivo destructivo de la misma y otros, incautos, de buena fe, resultan atrapados por la astucia con la cual se redacta la información. De esta manera, sin tildar al político directamente de corrupto, ladrón o asesino, entre muchas otras- lo que constituiría una calumnia o una injuria directas y por lo tanto un delito evidente- redactan la información bajo sofismas tales, que llevan al lector a concluir que la persona sobre la cual se habla en el artículo es una delincuente de plana mayor. El lector no tiene la posibilidad de llegar a otra conclusión, porque la información se redacta de forma parcializada.

En Colombia, existen numerosos portales web especializados en este tipo de estrategias de desprestigio, que amparadas bajo el autodenominado “periodismo contracorriente” para eludir su responsabilidad civil y penal frente a las víctimas de dichas campañas, se presentan como periodistas independientes cuyo trabajo desinteresado sobrevive de donaciones.

Si se analizan sus publicaciones, se encuentra evidentemente un sesgo ideológico, y por simple “casualidad” coinciden todos en desprestigiar a políticos de ideologías de derecha o pertenecientes a la coalición actual del Gobierno del Presidente Duque.

Basta leer las publicaciones de portales web como “las dos orillas”, ”Cuestión Pública” y “Vorágine”, los cuáles se han vuelto refugio de todos aquellos periodistas que, por falta de ética o profesionalismo en su trabajo, fueron expulsados de medios de comunicación respetables y que para sobrevivir hoy día, se venden al mejor postor.

Un lector con mediano coeficiente intelectual y educación, se encuentra en capacidad de identificar los patrones descritos anteriormente; lastimosamente, existe una gran mayoría de usuarios de redes sociales, qué asaltados en su buena fe, consumen sin cuestionamientos este tipo de productos y contribuyen con cada retuit de información maliciosa a dañar a terceros, sin ni siquiera darse cuenta, de que han sido utilizados para una campaña de destrucción de la reputación, diseñada cuidadosamente y ejecutada a través del pseudoperiodismo.

En el siglo XXI la diseminación en redes sociales de información falsa, tendenciosa y maliciosa, debería ser considerada por los jueces con especial atención. El sicariato virtual operado a través de redes sociales para destruir la esfera íntima de las personas, su reputación, honra y buen nombre, con el fin de deshacerse de un opositor político o arruinar su nombramiento en un cargo público de importancia, no debería seguir considerándose con tanta ligereza como la observada en numerosos fallos de tutela. Así mismo, cada retuit y diseminación de información de esta naturaleza debería engendrar una responsabilidad seria, de índole civil y penal, que nos haga conscientes a todos y cada uno, de las implicaciones de un retuit o difusión de información de esta naturaleza.

Así que la próxima vez que llegue a sus manos un artículo de pseudo periodistas o periodistas alternativos, recuerde muy bien, que detrás de toda publicación de este tipo siempre existen intereses oscuros. No se deje engañar!