La crisis en la conectividad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tocó fondo. Lo que para cualquier otra región del país es un servicio básico e indispensable, en la isla se ha convertido en un obstáculo diario que paraliza el comercio local, entorpece la gestión pública y margina a miles de residentes.
Recientemente, la voz de alerta resonó desde la propia ciudadanía. Leandro Pájaro Balseiro, presidente de la Liga de Consumidores de San Andrés, reportó de manera contundente la grave situación de la señal móvil en el territorio insular.
De acuerdo con el veedor ciudadano, las comunicaciones presentan fallas sistemáticas a nivel interno, una deficiencia que no solo dificulta las actividades cotidianas de las familias, sino que está asfixiando a la economía local al impedir que pequeños y medianos comerciantes concreten sus ventas por canales digitales y datáfonos.
Sin embargo, la indignación popular no se queda solo en el malestar generalizado contra los operadores; apunta directamente hacia la gestión pública y tiene un responsable con nombre y apellido: César Andrés Gómez Torres, Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
La comunidad señala que desde la llegada de Gómez Torres al cargo —designación que viene desde la pasada administración del exgobernador Nicolás Gallardo— la infraestructura tecnológica y la calidad de la señal, en lugar de mostrar avances o soluciones estructurales, han sufrido un evidente e inaceptable retroceso.
Los compromisos de fiscalización, las promesas de mejora en el ancho de banda y los discursos de transformación digital se quedaron en el papel. Mientras las autoridades de la cartera de las TIC han mostrado una gestión tibia e inoperante frente a las prestadoras del servicio, el habitante de a pie padece la incomunicación permanente en pleno siglo XXI.
San Andrés no resiste más promesas vacías ni excusas burocráticas. La ciudadanía exige que la Secretaría de las TIC asuma su rol de control y garantice el derecho fundamental a la conectividad, o de lo contrario, que la administración rinda cuentas por mantener en el cargo a una gestión que le dio la espalda a las necesidades del archipiélago.