La decisión vincula a varios exfuncionarios por el fallecimiento del menor de siete años que esperaba tratamiento para la hemofilia
En un avance decisivo en las investigaciones por la muerte de Kevin, la Fiscalía General de la Nación citó a diligencia de imputación de cargos a cuatro exintegrantes de la Nueva EPS. Entre los procesados se encuentran el exinterventor Luis Óscar Galves y el exauditor Nelson Ramírez, además de las exfuncionarias Diana Marcela Caballero Arias y Jessika Pala Triana Sahastuy. Todos deberán acudir ante las autoridades el próximo 24 de agosto para responder por el delito de homicidio culposo.
El niño, de siete años de edad, falleció el 13 de febrero de 2026 mientras esperaba la entrega de un tratamiento médico indispensable para atender la hemofilia que padecía.
De acuerdo con la información obtenida por la justicia, las pesquisas se centran en la presunta modificación de la historia clínica del menor. Las alteraciones en la documentación reservada habrían tenido como objetivo modificar los registros sobre el diagnóstico de la enfermedad y los procedimientos médicos que el niño recibió durante meses.
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Este expediente cobró relevancia pública luego de que el expresidente Gustavo Petro difundiera fragmentos del documento en la red social X para respaldar la gestión del entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Dicha publicación generó un fuerte rechazo debido a que la legislación colombiana protege la confidencialidad de los datos médicos sensibles.
Asimismo, las declaraciones de los altos funcionarios atribuyendo responsabilidades a los familiares del niño o calificando lo sucedido como un incidente aislado desataron duras críticas por parte de los allegados del menor y de la opinión pública.
Paralelo a este proceso, la representación legal de las víctimas, liderada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, promovió acciones legales contra el Estado. Como resultado, la Fiscalía compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examine la eventual responsabilidad del expresidente Petro, en su calidad de garante, respecto a las decisiones adoptadas durante la intervención administrativa de la Nueva EPS.