Una investigación publicada por la revista Semana reveló la existencia de una presunta estructura de corrupción que habría operado entre 2024 – 2026 y que estaría encabezada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero.
Según el medio, la organización habría ofrecido a los empresarios la posibilidad de acceder a contratos con distintas entidades del Gobierno Nacional a cambio de pagos millonarios.
La publicación señala que las evidencias recabadas incluyen testimonios, conversaciones de WhatsApp, audios y recibos de depósitos bancarios que, presumiblemente, documentarían el funcionamiento de la red.
Según la investigación, los empresarios interesados tuvieron que pagar un millón de pesos por una primera reunión, un anticipo de $200 millones de pesos para iniciar el proceso y, posteriormente, entregar el 10% del valor de cada contrato que se adjudicó.
Semana sostiene que las hermanas Guerrero habrían ejercido influencia en distintas entidades del Estado sin ocupar cargos oficiales durante ese período. Entre las instituciones mencionadas se encuentran los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Medio Ambiente y Defensa, además de entidades como la Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras.
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Según el informe, la operación habría comenzado en el segundo semestre de 2024, cuando empresarios de Norte de Santander, Cesar y Santander fueron contactados con la promesa de facilitar proyectos relacionados con acueductos, cámaras de seguridad y programas de mejoramiento de viviendas.
Uno de los testimonios conocido por los medios aseguró que el acuerdo contemplaba pagos de $35 millones de pesos por cada municipio adjudicado, además del porcentaje correspondiente al valor de los contratos.
La investigación también menciona a David Trespalacios, quien habría sido el encargado de recibir parte de los pagos en efectivo para evitar rastreos bancarios. Sin embargo, posteriormente, según los chats publicados, los aportes comenzaron a realizarse directamente a las cuentas personales de las hermanas Guerrero. Entre los documentos divulgados se encuentran transferencias por valores que oscilan entre $1.8 y $12.5 millones de pesos.
Uno de los casos presentados corresponde a un proyecto de acueducto en el departamento del Cesar. Según Semana, Verónica Guerrero habría asegurado mantener contactos con el entonces viceministro de Agua, Edward Libreros, y habría informado a los empresarios sobre supuestas reuniones para avanzar en la iniciativa.
Los chats también muestran referencias a retrasos atribuidos a la disponibilidad presupuestaria y a la situación de orden público en el Catatumbo.
Agrega la publicación que, cuando los empresarios comenzaron a quejarse por el retraso en la adjudicación de los contratos, las hermanas Guerrero habrían mencionado al llamado «jefe de jefes», expresión que, según los denunciantes citados por los medios, se referiría al entonces presidente Gustavo Petro. Además, los empresarios aseguraron haber entregado más de $600 millones de pesos sin que se adjudicaran los contratos prometidos ni se devolviera el dinero.
¿Juliana Guerrero se graduó en corrupción?
La investigación incluye declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien aseguró a Semana que Juliana Guerrero y su hermana intervinieron en entidades públicas sin ocupar cargos oficiales.
Por ahora, la publicación señala que el único proceso judicial vigente contra Juliana Guerrero corresponde a una investigación relacionada con la presunta falsificación de su título como contadora.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre decisiones judiciales derivadas de las revelaciones conocidas en esta investigación.
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