Un conocedor juez penal condenó a Yeiner García por el delito de tráfico de migrantes, luego de que aceptara su responsabilidad en el traslado irregular de cinco ciudadanos haitianos que se encontraban en situación migratoria irregular en Colombia.
La decisión judicial se produjo luego de un preacuerdo firmado con la Procuraduría General de la República, mediante el cual el imputado reconoció su participación en los hechos investigados.
Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 2023 en el kilómetro 27 de la vía que comunica Rumichaca con Pasto, en el sector vereda La Josefina, jurisdicción del municipio de El Contadero, en Nariño.
En ese lugar, uniformados de la Policía Nacional detuvieron el vehículo conducido por García Romero para realizar un trámite de verificación.
Durante la inspección, la policía encontró a cinco ciudadanos de nacionalidad haitiana que no contaban con visas ni documentos que acreditaran su ingreso o permanencia legal en territorio colombiano.
El hallazgo inició la investigación que luego fue asumida por la Fiscalía.
El trabajo realizado por un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales permitió establecer que la ruta formaba parte de una ruta utilizada para el traslado irregular de migrantes entre Ipiales (Nariño) y Necoclí (Antioquia).
Según la investigación, por ese trayecto el ahora condenado cobró 195 dólares por cada persona transportada.
Los elementos recabados por la Fiscalía también permitieron demostrar los presuntos vínculos de García Romero con una red dedicada al tráfico de migrantes, además de establecer que no estaba autorizado para prestar servicios de transporte.
Como resultado del proceso, el juez le impuso una pena de cuatro años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 33,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena incluye también la incapacidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el tiempo fijado por la autoridad judicial.
Además, la oficina negó al condenado los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la posibilidad de cumplir la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, por lo que deberá cumplir la sanción privativa de libertad en un recinto penitenciario.