El Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta contra el presidente Petro por sus declaraciones sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio, en las que resultó electo Abelardo de la Espriella.
La corporación concluyó que las manifestaciones del presidente Petro pueden tener repercusiones políticas, pero no producen efectos jurídicos ni violan, por sí mismas, derechos fundamentales.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que estudió el amparo interpuesto por un ciudadano. El demandante sostuvo que la posición pública del jefe de Estado respecto de los resultados electorales afectó los derechos a la confianza legítima y a participar en la formación, ejercicio y control del poder político.
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En el fallo, los jueces fueron enfáticos al señalar que «la opinión del actual Presidente de la República al respecto es, jurídicamente hablando, completamente irrelevante; por ello mismo, carente de efecto jurídico alguno y, por tanto, incapaz de lesionar derechos constitucionales fundamentales.
Con este argumento, la Corte concluyó que las declaraciones del presidente no constituyen una violación que pueda resolverse mediante una acción de protección.
Además de negar la solicitud, el Tribunal Superior de Bogotá llamó la atención sobre el creciente uso de este mecanismo judicial.
En el comunicado indicó que «Las acciones de protección van desde la situación de la persona cuya petición no es resuelta hasta las controversias en torno a la elección presidencial».situación que, según la corporación, ha provocado una carga excesiva para jueces y magistrados y ha generado retrasos en otros procesos de su competencia.
Finalmente, el tribunal reiteró que su función es resolver controversias jurídicas y no políticas. En ese sentido, precisó que «Las palabras del actual presidente de la República pueden tener algunas repercusiones políticas. Podría ser. Sí, pero lo que le corresponde al juez es resolver los problemas jurídicos, no políticos.argumento con el que tomó la decisión de negarle la tutela en firme.
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