El presidente electo, Abelardo De La Espriella, solicitó al designado Ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentar una solicitud formal a la Procuraduría General de la República para ejercer vigilancia preventiva sobre varios procesos adelantados por la UNP, al considerar que podrían comprometer la seguridad del próximo Gobierno y el uso de los recursos públicos.
La principal preocupación del presidente electo está relacionada con el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones y busca contratar el servicio de escolta por las zonas de protección del Presidente de la República y los integrantes del nuevo gabinete ministerial.
Según el comunicado, la adjudicación se realizaría antes del 7 de agosto, lo que impediría al nuevo Gobierno revisar los perfiles e idoneidad del personal a cargo de su esquema de seguridad.
Además, De La Espriella pidió que la Procuraduría General de la República evalúe la posibilidad de recomendar o solicitar la suspensión preventiva de este proceso mientras la nueva administración analiza las contrataciones.
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La solicitud también incluye monitorear el proceso mediante el cual la UNP pretende cubrir más de cinco mil 100 plazas de oficiales de protección provisional, pese a que ya han sido anunciadas cerca de 900 vacantes a través de un concurso de méritos.
Asimismo, el presidente electo pidió revisar el proceso para la adquisición de 188 embarcaciones y 264 motores fuera de borda con destino a 29 municipios de nueve departamentos, a fin de verificar aspectos relacionados con la planificación, especificaciones técnicas, estándares de seguridad y pluralidad de postores.
Finalmente, solicitó al Ministerio Público supervisar seis procesos contractuales iniciados en julio para la compra de bienes destinados a medidas de protección colectiva de resguardos indígenas.
El Gobierno electo indicó que busca establecer si estos contratos fueron debidamente respaldados o si podrían consolidarse en un solo proceso para garantizar mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
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