Una mujer de 42 años fue enviada a un centro de detención luego de ser procesada por la Fiscalía General de la República, que la acusó de presunta estar involucrada en la comercialización de estupefacientes y drogas sintéticas en el suroeste de Medellín.
La imputada fue identificada como Nidia Correa, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas. Según la investigación, la mujer sería la encargada de distribuir estos estupefacientes en el barrio Antioquia, uno de los sectores donde las autoridades han realizado operativos contra este tipo de delitos.
Captura durante una redada
La captura se produjo en flagrante delito durante un procedimiento de allanamiento y allanamiento realizado por servidores del Grupo Antinarcóticos y Tareas Especiales del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI).
El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en el barrio Belén Fátima, en Medellín, donde los investigadores realizaban trabajos encaminados a verificar la presunta actividad ilícita que allí se desarrollaba.
Durante la inspección del inmueble, las autoridades encontraron diferentes elementos que fueron incorporados como material probatorio dentro del proceso.
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Hallaron cocaína, drogas sintéticas y dinero en efectivo
Según la Fiscalía, en el domicilio fueron incautados 1.929 gramos de cocaína, 3 gramos de tusi y cerca de 30 millones de pesos en efectivo.
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Según la hipótesis del ente investigador, el dinero encontrado presuntamente correspondería a recursos obtenidos mediante la comercialización de sustancias estupefacientes.
Tanto los estupefacientes como el dinero en efectivo quedaron bajo custodia de las autoridades y serán parte de las pruebas que se presentarán en el proceso penal.
No aceptó los cargos
Tras la captura, Nidia Correa fue presentada ante un juez durante las audiencias concentradas.
En ese procedimiento, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) lo imputó por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. El imputado decidió no aceptar la acusación formulada por la Fiscalía.
Posteriormente, un juez de control de garantías evaluó los elementos presentados por la entidad fiscal y ordenó la imposición de medida de seguridad en el establecimiento penitenciario mientras avanza la investigación.
Con esta decisión, el proceso judicial continuará en las etapas previstas por la ley, en las que se determinará la responsabilidad de la mujer por los hechos que le atribuyen las autoridades.