La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si existieron posibles irregularidades en un contrato de drones firmado en 2022 para dotar a la Policía Nacional de sistemas aéreos remotamente tripulados (SIART), cuyo valor superó los $3,700 millones de pesos.
La acción involucra al coronel retirado Didier Alberto Estrada Álvarez, quien en ese momento se desempeñaba como director general del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO); a la capitana Alejandra Sepúlveda Figueroa, entonces coordinadora del Centro Integrado Permanente Anticontrabando de la Policía (CIPPA); al alcalde Ismael de Aguas, verificador de información de esa dependencia; y el Mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien fungió como supervisor del contrato del FORPO.
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Según el ente de control, la investigación busca esclarecer si durante las etapas precontractual y de ejecución del contrato del drone se presentaron acciones que podrían haber comprometido la legalidad del proceso y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Entre los aspectos que se revisarán está la definición de los criterios utilizados para seleccionar al contratista, ya que, según la Procuraduría General de la República, podrían haber existido deficiencias en la estructuración de estos factores, lo que habría incidido en el desarrollo de la contratación.
Con la apertura formal de la investigación, el Ministerio Público avanzará en la recolección de pruebas para reconstruir cómo se desarrolló el proceso y verificar si los actuales y ex funcionarios actuaron de acuerdo con las responsabilidades de sus cargos.
La Fiscalía General de la República aclaró que esta acción se encuentra en etapa preliminar de investigación, por lo que el objetivo es determinar si existen elementos suficientes para formular posibles cargos disciplinarios relacionados con el contrato de drones para la Policía Nacional.
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