Un juez penal de Medellín condenó a siete integrantes de una red criminal acusados de explotar a niños y niñas de la comunidad indígena Emberá Katío para actividades de mendicidad en distintos sectores de la ciudad.
La decisión judicial se produjo luego de un acuerdo preliminar con la Fiscalía General de la República, en el que los imputados aceptaron su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir e instrumentalización de menores.
Las penas impuestas oscilan entre 24 y 39 meses de prisión, dependiendo del grado de participación de cada implicado.
Entre los condenados se encuentran la colombiana Ana Lucía y seis ciudadanos venezolanos, quienes, según la investigación, formaban parte de una estructura organizada con roles definidos para la recolección, transporte y comercialización de artículos obtenidos mediante la mendicidad.
Las autoridades establecieron que la red operaba principalmente en zonas turísticas y de alto tránsito de Medellín, como El Poblado, Calle 10, Carpinelo, Santa Cruz, Boston, Parque Lleras y Provenza.
En estos lugares los implicados utilizaban a menores de edad para solicitar dinero y artículos de primera necesidad a ciudadanos nacionales y extranjeros y a turistas.
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Según la investigación, las mujeres caminaban por las calles con bebés en brazos y carteles alusivos a necesidades básicas, mientras que los productos recibidos, como pañales, alimentos, leche y medicinas, eran posteriormente comercializados para obtener ganancias ilícitas.
El caso documentó al menos diez hechos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025, en los que se evidenció el uso sistemático de menores indígenas para generar compasión y recaudar dinero.
El proceso estuvo a cargo de la Policía Nacional, que a través de vigilancias, entrevistas e interceptaciones logró reconstruir la dinámica de la red y establecer la participación de cada uno de los involucrados.
Finalmente, las autoridades resaltaron que este resultado representa un golpe contra las redes que violan los derechos de la niñez y reiteraron el llamado a denunciar cualquier forma de explotación infantil en el país.
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